Ambos organismos han aconsejado extender esta iniciativa andaluza de sostenibilidad al conjunto del Sistema Nacional de Salud porque significaría un ahorro de 1.000 millones de euros al año para todo el Estado. Álvarez ha incidido en que esta medida contribuye a seguir garantizando una «sanidad pública, universal y equitativa», en lugar de otras medidas impuestas por el Gobierno de España que han penalizado a los pensionistas, como el copago farmacéutico.
En Andalucía, que ya ha llevado a cabo doce procedimientos de selección pública, el ahorro ha supuesto 568 millones de euros que han revertido «directamente en la mejora del conjunto del sistema sanitario público de Andalucía», ha recordado Álvarez.
La titular de Salud ha reiterado que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo archivó el pasado 24 de abril la petición de investigación que había promovido la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (AFARAN). Del mismo modo, el pasado 19 de diciembre la Defensora del Pueblo Español comunicó el cierre de las actuaciones de la queja interpuesta por AFARAN sobre el «supuesto desabastecimiento» producido por la subasta de medicamentos en Andalucía.
Por tanto, Álvarez ha señalado que esta iniciativa andaluza sigue siendo respaldada y avalada desde diferentes ámbitos. Así, desde el ámbito profesional, la OMC ha mostrado en varias ocasiones su apoyo, ya que considera que garantiza la sostenibilidad del sistema sanitario público. Igualmente, el Tribunal Constitucional ha respaldado la medida con tres sentencias favorables que defienden su constitucionalidad, su legalidad, su equidad, su calidad, su eficiencia y su contribución a la sostenibilidad del sistema.
En esta misma línea, se ha manifestado la Asociación de Acceso Justo al Medicamento con un informe en el que desmiente que exista el «pretendido problema» de desabastecimientos, avalándolo con datos de la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
La consejera ha incidido en que la selección pública de medicamentos se basa en la prescripción por principio activo que recomiendan tanto el Ministerio de Sanidad como la Organización Mundial de la Salud. La diferencia con la forma de dispensación en otras comunidades autónomas españolas, tal como dictaminó el Tribunal Constitucional en sus sentencias, es que en el resto del Estado la selección del medicamento la hace el farmacéutico y en Andalucía la realiza el sistema sanitario, sin que ello suponga perjuicio alguno para los pacientes, ha asegurado Álvarez.