Se trata de la denominada Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, un anteproyecto ya aprobado por el Consejo de Gobierno, que establecerá una financiación a cuatro años. Según fuentes autonómicas, con el trámite ya iniciado podría estar aprobado en el primer trimestre de 2016, aunque el PSOE tendrá que negociar con Ciudadanos o Podemos para tener mayoría en la votación en el Parlamento.
Según aseguró el consejero andaluz de Salud, Aquilino Alonso, «esta norma será pionera en España y garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos, el uso de guías farmacoterapéuticas de referencia, o la selección, adquisición y uso de las alternativas terapéuticas equivalentes más eficientes».
Los criterios de la compra de bienes y servicios tendrán que ser «homogéneos y a través de estructuras integradas como las centrales de compras provinciales y regionales buscando alcanzar la sostenibilidad del sistema gracias a la implicación y responsabilidad de los profesionales y ciudadanía en la gestión y uso racional de los recursos». También se incidirá en un «mejor control y transparencia y publicidad de las subvenciones, ayudas e incentivos concedidos a la industria farmacéutica y se establecerán medidas de educación para salud dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de evitar el consumo innecesario de medicamentos».