María José Sánchez ha dicho al respecto «que si desde el Gobierno central nos reducen la financiación y nos impiden ser más eficientes en la gestión, entonces lo que están haciendo es asfixiarnos literalmente». No obstante, ha garantizado que desde la Junta no van «a tirar la toalla» respecto a lo que son sus competencias, como a su juicio ocurre «absolutamente» con la salud y con todo lo que tiene que ver con «garantizar» este servicio a los ciudadanos.
En su momento, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) informó de que esta tercera convocatoria pública para la selección de principios activos, conocida como subasta pública de medicamentos, permitiría un ahorro anual de 234 millones, que sumado al de las dos anteriores convocatorias alcanzaría los 327 millones.
Esta tercera convocatoria afecta a todos los medicamentos para los que exista más de un preparado comercial en el mercado y que estén incluidos en las agrupaciones homogéneas definidas por el Ministerio de Sanidad, quedando excluidos de la misma aquellos que han resultado seleccionados en la primera y la segunda convocatorias. Concretamente, concurren un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos diferentes y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales distintas.
Competencias
En anteriores ocasiones el Ministerio de Sanidad ha justificado su recurso ante el Constitucional argumentando que las comunidades autónomas «no son competentes» para convocar subastas de medicamentos, como ha hecho Andalucía, además de considerar que esta subasta andaluza «rompe el mercado de medicamentos» y «pone en riesgo el acceso a tratamientos en perjuicio de los pacientes».
El Gobierno central ya recurrió ante el Tribunal Constitucional –que aún no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión– la primera y segunda subastas de medicamentos pero luego el propio Tribunal levantó la suspensión cautelar, con lo que las subastas siguieron su curso y se licitaron.