Montero se refirió así a una de las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de la ley de farmacovigilancia, que modificará la Ley del Medicamento, y donde se señala que el precio industrial de los medicamentos «no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud, salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional».
La consejera señaló que «aunque se apruebe la medida, vamos a buscar un resquicio para poder seguir desarrollando nuestra política de ahorro», al menos, matizó, «si el redactado es el que queda reflejado en esa enmienda y no hay otra cuestión adicional». En ese caso, aseguró que «podríamos mantener la subasta de medicamentos hasta que el Constitucional se pronuncie (sobre el fondo de la cuestión) y se disponga de un dictamen definitivo». Al hilo de ello, recordó que el Tribunal Constitucional ya levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre la norma andaluza.
Preguntada por las presuntas amenazas que el Ministerio ejerció contra algunas compañías farmacéuticas, Montero denunció que «se han seguido produciendo» y detalló que han consistido «básicamente en que no haya una competencia en esto del libre mercado que tanto defiende el PP, pero que cuando afecta a los intereses de las grandes multinacionales parece que no lo practica».
«Al final provocó que muchos laboratorios no se presentaran a la subasta por el miedo a que les obligasen a realizar precisamente una bajada (lineal) de sus fármacos en todo el territorio nacional», prosiguió Montero, toda vez que reprochó que en los casos de los laboratorios que se presentaron a la subasta «el Gobierno central, de hecho, cumplió su amenaza».
Finalmente, denunció que «lejos de 'cargarse' a la subasta, lo que sí eliminaría la enmienda que prepara el Gobierno, tal cual está redactada, es la capacidad de compra de medicamentos que tienen los hospitales a precios más baratos. En toda España se han producido ahorros de más de 1.000 millones de euros», concluyó Montero, en referencia a las compras de medicamentos que los hospitales vienen haciendo a través de concursos públicos desde hace años.