De esas 37 farmacias rurales, 33 están en la provincia de Cáceres y las 4 restantes en la demarcación pacense, algunas de ellas en localidades de entre 100 y 200 habitantes. Vara se ha comprometido a mantener esa ayuda para estas apotecas y espera que la disminución de la población en el ámbito rural extremeño no continúe pues es el mayor peligro para estas apotecas.
Un real decreto ley de 2011 declara a estas oficinas como «de viabilidad complicada» y establece una retribución mensual de 833 euros para las que no superen los 200.000 euros de ventas anuales y que estén en núcleos de población aislados. Del mismo modo, se regulan las guardias y los horarios para facilitar la conciliación laboral y familiar de sus titulares.
Difícil solución
En Extremadura hay unas 680 farmacias, la gran mayoría en municipios que no superan los 5.000 habitantes. Realizan una función fundamental y su mayor amenaza, además de la bajada del precio de los medicamentos, es esa pérdida continua de clientes por el vaciamiento de los pueblos. Esa ayuda económica de la Junta se hizo efectiva a principios de 2012 y entonces se acogieron 35 de estas farmacias. El año pasado cerró una farmacia, la de Tamurejo, en la provincia de Badajoz, y en 2018 peligran otras 2 en la región, que podrían transformarse en botiquines rurales en el mejor de los casos. Frenar la despoblación en el centro del país es el mayor reto al que se enfrentan las distintas administraciones.