Que el Estado garantice a sus ciudadanos el derecho a la salud es una muestra de su madurez como organización colectiva. Porque un Estado, como conformación política, incluya o no los sentimientos de patria o nación entre sus ciudadanos, si tiene sentido para éstos se debe a que juntos se consigue crecer como individuos, como personas, y a que existe igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de cada cual y nos sostiene en la enfermedad y en las dificultades de la vida.
Que el Estado garantice ese derecho, como el de la educación, es una manifestación palpable de que es instrumento para el bienestar de sus integrantes, y por eso las medidas de estos últimos años, penalizando la enfermedad mediante cuotas extra a los ciudadanos en el pago de los medicamentos, además de las que realizan a través de los impuestos, van en contra de ese derecho.
Porque el gran problema de lo público es lo político. Lo público es muy bonito sobre el papel..., y en la realidad, si esto se alcanza; pero corre el riego, en sociedades poco maduras como la nuestra, de escasa tradición democrática, de que todo se politice y se lleguen a poner en cuestión los avances que se consiguen de vez en cuando. En cambio, lo privado tiene menos política, aunque la tiene, y es el legítimo beneficio económico lo que prima. Esto, en salud, significa que pasa de ser un derecho a una cuestión más de mercado, orientándose los servicios sanitarios hacia la rentabilidad, como en cualquier otro sector.
Reflexionaba sobre estos aspectos escuchando una conferencia sobre el éxito de la implantación de los servicios de Medication Therapy Management en Estados en los que la salud es un negocio, y no un derecho. Envidio que existan cientos de farmacéuticos, cada vez más, que ejercen su profesión previniendo y resolviendo los problemas que producen los medicamentos, una de las tragedias más graves que existen en la actualidad en el ámbito de la salud pública de los países desarrollados. Me causa una profunda tristeza ser testigo de cómo un Estado como el español, que ha sido referencia docente e intelectual para este tipo de servicios en Europa, se encuentre a la cola a la hora de implantarlos, y sea hasta el momento poco más que una entelequia vislumbrar que ello sea factible.
Es absolutamente lamentable que sigan muriendo ciudadanos a causa de los medicamentos, que continúen sufriendo sus problemas evitables, que gastemos millones y millones de euros en algo que se podría ahorrar, sólo con que existiera altura de miras, voluntad de avanzar y vocación de servicio a los ciudadanos.
Es descorazonador llegar a la conclusión de que en este país no existen este tipo de servicios porque en la sanidad pública prima la política sobre el bien común, y porque la economía, la verdadera economía y no las cuentas de la lechera que se hacen para captar votos, se subordine al sectarismo. Sectarismo al que no somos ajenos los profesionales de la salud en general y nosotros en particular, anteponiéndose los intereses de los agentes implicados a los de los ciudadanos a los que dicen defender.
Algún día esto se revertirá. Esperemos que los «afrancesados» que defienden de verdad el cambio no tarden de nuevo dos siglos en ganar esta batalla.