Esta decisión ha sido adoptada por la FEFE «ante la incapacidad demostrada hasta el momento por los responsables políticos para solucionar la crisis que están sufriendo las farmacias de comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Murcia, y que está poniendo en grave peligro la prestación farmacéutica accesible, de calidad e igualdad a la que tienen derecho los ciudadanos». Según informa la FEFE, en estas comunidades, ante los impagos en la dispensación de medicamentos a los usuarios, las farmacias están abocadas al aplazamiento en el pago de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social, los salarios de sus trabajadores, los pagos trimestrales de retenciones a cuenta a la Hacienda Pública y otros tributos, al no poder hacer frente a estos por la falta de liquidez y solvencia a las que la Administración las está llevando.
La Junta Directiva de FEFE también ha acordado pedir a las comunidades autónomas que propicien un Convenio Marco de Financiación. Ello permitiría, dicen, reducir los intereses de demora a su cargo, cediendo a las entidades financieras los derechos de cobro de deudas vencidas, líquidas y exigibles.
Además, ante el agravamiento de la situación de impago y su posible generalización a todo el territorio español, FEFE exigirá administrativa y judicialmente el aval del Estado en el ejercicio de derechos fundamentales (procedimiento judicial especial preferente y sumario), el derecho a la salud y a la vida.
Asamblea General
La última medida tomada por la Junta Directiva de FEFE consiste en convocar una Asamblea General Extraordinaria en Toledo, abierta a todos los farmacéuticos de España, donde será analizada en profundidad la grave situación actual y las medidas adoptadas.
Para finalizar, los representantes de la patronal farmacéutica solicitan al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas, como responsables del sostenimiento del Sistema Nacional de Salud, que pongan remedio de forma urgente a la grave situación generada «de la que no somos causantes ni los farmacéuticos ni los ciudadanos».