A ello añade que, según sus cálculos, la adaptación a la nueva normativa supone un coste extra de 30 millones de euros para las empresas catalanas y lamenta que no se hayan puesto en marcha las suficientes campañas de información y concienciación.
En este contexto, PIMEC ha dirigido una carta al ministro de Justicia a través de la cual le insta a trasladar a la Comisión Europea la necesidad de establecer una moratoria para que pymes y autónomos puedan adaptarse al nuevo RGPD, teniendo en cuenta que la nueva norma establece una escala de importantes sanciones en caso de incumplimiento.
La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) suscribe el contenido de dicho comunicado, dado que con él la PIMEC da respuesta a una propuesta planteada por la propia FEFAC en esta dirección.