La asamblea autonómica ha instado a la Junta a que cambie esa normativa para solventar las deficiencias detectadas en esa zona de la provincia cacereña. Este mandato ha suscitado un debate en la clase política, el SES y los colegios de farmacéuticos. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, propone iniciar un diálogo con las distintas partes para «asegurar la prestación del servicio de farmacia a la ciudadanía, mientras se vela por la viabilidad económica de esta actividad». A esta exposición de pareceres se ha sumado el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Extremadura, Cecilio Venegas quien recordaba que «las guardias rurales le cuestan dinero a los farmacéuticos, por lo que es un reto conciliar los intereses de profesionales y de la población».
680 farmacias
En la región hay unas 680 oficinas de farmacia repartidas entre las dos provincias de Cáceres y Badajoz. La ratio es de 6,1 oficinas por cada 10.000 habitantes, la cuarta más altas del país. Sin embargo, muchas están abiertas en zonas rurales, con escasa población pero muy polimedicada y en donde los horarios y las guardias se ven muy condicionados por el poco personal que en ellas trabaja. La mayoría, el titular y algún ayudante en el mejor de los casos. Esta realidad es la que debe afrontar la reforma de ese decreto que se negociará con los grupos parlamentarios y que deberá cambiar alguna isócrona para adaptarla a esta situación y ofrecer el servicio que marca la ley.