Esta empresarial entiende que los farmacéuticos andaluces «están sufriendo las consecuencias de una política farmacéutica errónea, basada en cuestionables objetivos economicistas». «Dichos objetivos», explica el comunicado, «han llevado al Servicio Andaluz de la Salud (SAS) a querer implantar de manera unilateral un sistema de licitación pública para la adquisición de medicamentos que no ha sido aceptado por el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF)».
FENOFAR comparte este rechazo porque estima «que tal medida invade competencias propias del Estado, atenta contra la equidad en el acceso a la prestación farmacéutica que reciben los ciudadanos de Andalucía (y los desplazados de otras comunidades autónomas) y compromete la viabilidad del sector farmacéutico». A ello añade que «coarta el derecho de los médicos a la libre prescripción y podría traducirse en una competencia desleal para los laboratorios».
En cuanto a la actitud de la Administración frente al colectivo, FENOFAR censura «cualquier tipo de acción emprendida por la Consejería a modo de represalia, como la denuncia del concierto establecido con los farmacéuticos o la referida a la substitución de medicamentos». Asimismo, esta empresarial rechaza «que la Consejería de Sanidad critique el elevado gasto farmacéutico por recetas facturadas en las oficinas de farmacia, cuando estas vienen contribuyendo a la sostenibilidad del sistema desde hace más de una década y han padecido últimamente duras medidas de recorte que dificultan la viabilidad económica de muchas de ellas».
El comunicado finaliza con una solicitud al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad para que frene «esta y otras medidas emprendidas en diversas comunidades autónomas que invaden competencias del Estado, como el catálogo de medicamentos aprobado en Galicia, o la limitación de prescribir electrónicamente determinados medicamentos, implantada en Castilla-La Mancha».