Andalucía: rechazado el recurso interpuesto por Sanidad contra la tercera convocatoria de selección de medicamentos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha decidido suspender el procedimiento judicial iniciado por el recurso de la Abogacía del Estado contra la Resolución de la dirección gerencia del Servicio Andaluz de Salud (BOJA de 27/06/13) que iniciaba la tercera convocatoria de selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía.

El recurso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad perseguía la nulidad de la Resolución que regulaba esta tercera convocatoria por entender que esta regulación «resulta incompatible con la legislación estatal». Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 entiende que, dado que ya está planteado recurso de inconstitucionalidad sobre este asunto, no procede entrar a valorar este recurso.
El recurso presentado por la Abogacía del Estado y que no ha sido admitido por el Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla se dirige contra la Resolución de 20 de junio de 2013, que iniciaba la tercera convocatoria pública de selección de medicamentos.
En dicha convocatoria se incluían un total de 288 principios activos diferentes de 148 subgrupos farmacoterapéuticos distintos y que se encuentran en el mercado con 5.325 marcas o denominaciones comerciales diferentes. Entre ellos destacan, por ser los más consumidos, los antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antitrombóticos, hipnóticos y sedantes, opioides, antihistamínicos, antibióticos, hipoglucemiantes, antiúlcera péptica o protectores gástricos, antidepresivos, antibióticos y tratamientos para el colesterol. Estos fármacos suponen el 33,32% sobre el consumo total de recetas de medicamentos prescritas en atención primaria,
Con este procedimiento, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales continúa avanzando en medidas de eficiencia económica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El objetivo de ahorro de este procedimiento se sitúa en 200 millones de euros al año.

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