El comunicado incluye los siguientes puntos:
1. Como sociedad científica y profesional que trabaja para promover la mejor asistencia farmacéutica posible a los pacientes, SEFAC manifiesta su total rechazo a esta medida que considera ilegal, sea cual sea el procedimiento por el que finalmente vea la luz. Otorgar la exclusividad de la prescripción, dispensación y financiación a nivel autonómico a un único medicamento (dentro de un subgrupo terapéutico) que haya sido ofertado al menor precio (siempre inferior al fijado para el resto de España) choca de pleno con la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Esta ley confiere al Ministerio de Sanidad la potestad de decidir qué fármacos son financiados por el Sistema Nacional de Salud y a qué igual precio para todos. Por ello, la opción de adjudicar qué medicamentos y a qué precio distinto se van a dispensar en las farmacias andaluzas no sólo viola esta norma, sino que también choca con los criterios fijados para decidir qué medicamentos se financian y dispensan a cargo del SNS, los cuales deben ser sanitarios y no económicos.
2. La «mejora de la calidad de la prestación farmacéutica» que según el SAS acarrearía la puesta en marcha de estas subastas, así como la «mayor eficiencia» que asegura que tendrían los fármacos que ahora se dispensarían en exclusiva en sus farmacias, son argumentos inadmisibles para SEFAC. Es incoherente relacionar una limitación en el acceso a medicamentos con la mejora de la calidad de la prestación farmacéutica, así como ligar directamente el concepto de eficiencia al menor precio de los medicamentos. El medicamento más eficiente no es el más barato, sino el que tiene la mejor relación coste-beneficio, entendiendo por beneficio sus positivos efectos en la salud de la población (es decir, su efectividad y seguridad), nunca el ahorro directo que genere para la Administración.
3. Si consideramos los precios de referencia como un elemento orientador del suelo del precio (del umbral mínimo) que debe tener un medicamento para que asegure un mínimo de calidad, es razonable pensar que por el sistema que se quiere implantar, al bajarse de ese nivel, puede llegar a comprometerse la salud de los pacientes con productos sin las garantías adecuadas. Más aún, SEFAC advierte de que el sistema que se propone puede propiciar situaciones de «dumping» (venta bajo coste), que si en el comercio de mercancías produce efectos perniciosos, cuando hablamos de medicamentos y de la salud puede resultar especialmente grave para la población.
4. Tampoco es asumible el argumento del SAS respecto a que la dispensación exclusiva de un único medicamento en un determinado subgrupo mejorará la adherencia del paciente al tratamiento (al recibir siempre la misma presentación). Esta fidelidad no sería posible con las intenciones del SAS de continuar con esta sistemática «en años sucesivos». La continuidad de estos concursos podría acarrear que, si se abren nuevas subastas en subgrupos ya licitados con anterioridad y se adjudica la exclusividad a nuevas presentaciones (por ofrecerse a un precio menor que el precedente), el paciente vería sustituido su tratamiento por el que en esa nueva fase resultase ganador.
5. Esta Sociedad manifiesta sus dudas respecto a la capacidad de suministro a todas las farmacias, en tiempo y forma apropiadas, de aquellos medicamentos que consiguiesen la exclusividad por esta vía de las subastas, debido al desproporcionado aumento de prescripciones y demandas que generaría respecto a su situación actual.
6. Más allá de las cuestiones legales, la implantación de estas subastas supone de facto, y con efectos inmediatos, la ruptura de la equidad, igualdad y calidad de acceso a la prestación farmacéutica a la que tienen derecho los andaluces en las mismas condiciones que el resto de la población nacional.
7. La mayoría de las contrapartidas que el SAS ha ofrecido a los farmacéuticos, plasmadas en el Plan de Estabilidad para la Farmacia Andaluza, como moneda de cambio por la aceptación de las subastas, son obligaciones a las que ya debe atender por su condición de Administración sanitaria o bien implican un reconocimiento explícito de errores previos. Especialmente incoherente es el caso de su ofrecimiento de otorgar mayor puntuación para el ejercicio en farmacia comunitaria en futuros concursos de acceso a nuevas farmacias, cuando en el concurso actualmente abierto se negó reiteradamente a atender esta posibilidad (a pesar de las constantes peticiones al respecto de entidades como SEFAC) y, aún hoy, sigue defendiendo en los tribunales un baremo de puntuación que beneficia a otros colectivos profesionales alejados de la farmacia comunitaria.
Más información en: www.sefac.org