La investigación se inició a finales del pasado mes de septiembre a partir de una denuncia de un laboratorio farmacéutico que puso en conocimiento que, a raíz de unos impagos, habían descubierto que un cliente suyo, aparentemente una farmacia, era en realidad un almacén ilegal de medicamentos.
La investigación policial se dirigió a determinar la actividad que se estaba produciendo en el local. En este sentido, las primeras vigilancias policiales evidenciaron que se recibía un gran volumen de mercancías y la distribución a un número reducido de farmacias.
La primera semana de octubre, en varias inspecciones sucesivas y con el fin de evitar el riesgo para la salud pública que conlleva que unos medicamentos estén fuera del canal legal de distribución, el Departamento de Salud intervino y confiscó un total de 1.200 cajas, con un contenido aproximado de unos 150.000 envases de medicamentos de diferente tipo (publicitarios, de prescripción, tanto genéricos como de marca, y algunos psicotrópicos), así como numerosa documentación relacionada con su compra-venta.
Paralelamente, las pesquisas policiales realizadas de forma coordinada con el Departamento de Salud dieron los primeros resultados. La hipótesis con la que trabajaban era que se estaba produciendo una estafa a varios laboratorios farmacéuticos y, en ocasiones, también a empresas comercializadoras de productos de parafarmacia.
El grupo investigado había falsificado varios documentos para simular que disponían de autorización como oficina de farmacia. En este sentido, operaba tanto desde el almacén de la calle Siglo XX, como desde una tienda de parafarmacia ubicada en la calle Roger de Llúria.
La manera de actuar del grupo respondía a un patrón en el que el actor principal era el jefe del grupo, un ciudadano de nacionalidad siria, que utilizaba una identidad falsa. Para llevar a cabo la estafa fingía ser el jefe de compras de una farmacia que, en realidad, no existía. Para dar veracidad a la oferta comercial que realizaba explicaba que servían productos a varios centros geriátricos de Barcelona. Con este pretexto, gestionaba pedidos de medicamentos por importes elevados.
Una vez adquirido el producto lo hacía facturar a nombre de terceros, pero estas facturas no se satisfacían en ningún caso. El siguiente paso era la venta de los medicamentos a oficinas de farmacia, simulando que representaba a un almacén de distribución de medicamentos.
Esta actividad delictiva se inició el pasado mes de junio y hasta el momento está documentada la presunta estafa a doce laboratorios de todo el estado español, con un importe de 520.000 euros. Con todo, la investigación policial continúa y no se descarta que el número de empresas estafadas incremente.
La semana pasada, agentes de la Unidad Central de Consumo detuvieron dos ciudadanos de Siria, de 46 y 59 años y ambos vecinos de Barcelona, como presuntos autores de los delitos siguientes: estafa, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, intrusismo profesional y delito contra la salud pública. También se ha tomado declaración como denunciados a varios presuntos colaboradores del grupo: 3 hombres y una mujer, todos ellos vecinos de Barcelona, de entre 30 y 73 años, uno de ellos de nacionalidad siria y el resto de nacionalidad española.
Los detenidos pasaron a disposición del Juzgado de Guardia que decretó su ingreso en prisión.
Desarticulado un almacén ilegal de medicamentos en Barcelona
Agentes de la Policía de la Generalitat, de la Unidad Central de Consumo, en una operación conjunta con el Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios de la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitarias del Departamento de Salud, han desarticulado un almacén ilegal de medicamentos ubicado en la calle Siglo XX de Barcelona.
