En este documento los empresarios farmacéuticos exponen las posibles consecuencias de una desregulación del sector que, en su opinión, «dejaría en manos de grandes capitales un servicio esencial y de interés público como el farmacéutico, donde la Administración poco o nada podría intervenir en ese libre mercado, y pondría en riesgo el acceso de los pacientes a su medicación, puesto que, debido a intereses comerciales, dejaría de estar garantizada la proximidad y capilaridad de las farmacias».
Este manifiesto ha sido firmado por CEPYME, AESEG, COFAM88 (Club de Opinión Farmacéutico Malagueño), CES (Confederación Empresarial Sevillana) y la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, que se unen así a FEFE Y FENOFAR en sus reivindicaciones ante este borrador de Anteproyecto de Ley.
Estas federaciones solicitan a otros ministerios y otras comunidades autónomas que se sumen al Ministerio de Sanidad para que el Ministerio de Economía reconsidere el planteamiento de «una norma que supondría más perjuicios que beneficios para todo el sistema».
Consideran los empresarios que la Administración debe valorar un modelo farmacéutico que ha demostrado su buen funcionamiento, y en consecuencia «facilitar al colectivo de oficinas de farmacia la estabilidad y solidez necesarias que permitan mantener y mejorar la calidad de la atención sanitaria que ofrecen a los pacientes y el desarrollo de servicios sanitarios en pro de la salud de la población y la sostenibilidad del sistema».