Manifiesta, asimismo, que «la medida del Gobierno madrileño insiste en el error de la experiencia catalana de trasladar una imagen del farmacéutico comunitario como recaudador, muy alejada de su perfil profesional de sanitario cualificado, lo que puede dañar la relación de confianza de este colectivo con sus pacientes».
Afán recaudatorio
SEFAC también considera que el argumento utilizado por la Comunidad de Madrid (CAM) de establecer la tasa como medida de disuasión es discutible, «pues también implica un afán recaudatorio inmediato, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno regional solo haya ofrecido datos de lo que se prevé recaudar y no del ahorro estimado». Añade a ello que los pacientes no son quienes deciden en última instancia si necesitan o no un medicamento y que «esta decisión corresponde al médico, que es quien debe decidir si una prescripción es o no necesaria y quien la firma con un criterio profesional del que no habría que dudar». Por este motivo, la SEFAC defiende que «la aplicación de esta tasa (que se suma al nuevo copago y la desfinanciación de algunos medicamentos) sí podría generar problemas relacionados con el incumplimiento terapéutico en pacientes vulnerables».
Ante esta situación, SEFAC ha solicitado a la Comunidad de Madrid que reconsidere su planteamiento antes de que la medida entre en vigor en enero de 2013 y que, en caso de aplicarse definitivamente, se haga un seguimiento para evaluar si su funcionamiento tiene impacto en la adherencia terapéutica y la morbimortalidad y, en caso de ser así, se retire su implantación. Igualmente, confía en que el Ministerio de Sanidad ejerza el liderazgo que le otorga la normativa para mantener la cohesión del sistema sanitario e impedir que este tipo de medidas se sigan extendiendo de forma incontrolada.