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Infarma Madrid 2012

Los expertos descartan el copago para asegurar la viabilidad del sistema de salud

La búsqueda de soluciones para financiar la sanidad pública y hacer el sistema viable centró ayer por la tarde la mesa redonda que moderó el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, y que contó con la presencia de José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector y responsable ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA); Manuel Lamela, presidente de la Fundación Lafer; Carlos Mulas, director general de la Fundación Ideas; y Álvaro Hidalgo, presidente del Instituto Max Weber y experto en economía de la salud de la Universidad de Castilla La Mancha.

Los cuatro expertos reclamaron ajustes para afrontar en el corto plazo la insuficiente financiación del Sistema Nacional de Salud, que se traduce en un déficit sanitario de cerca de 4.000 millones de euros y una deuda que puede superar los 15.000 millones de euros, según apuntó Carlos Mulas. Estos ajustes en la financiación «deben poner el contador de la deuda a cero y no generar nuevas deudas», añadió el director de la Fundación Ideas, que se mostró partidario de obtener nuevos ingresos a través de la subida del alcohol y el tabaco o aprovechar los ingresos provenientes de las mutuas para financiar un Sistema Nacional de Salud (SNS) que «utiliza pocos recursos, es generoso en las prestaciones y obtiene buenos resultados», señaló Álvaro Hidalgo. Humberto Arnés ahondó en esta cuestión al subrayar que el gasto público español (7 por ciento del PIB) es inferior a la media de países desarrollados, situada en el 8,5 por ciento, según la OCDE.

Los ponentes coincidieron en que existe una conciencia generalizada de la necesidad de hacer reformas y adoptar decisiones de modo urgente para preservar la sostenibilidad del SNS, ya que el envejecimiento de la población o el uso de nuevas tecnologías duplicará el gasto sanitario en diez años, hasta elevarlo a los 135.000 millones de euros, según una previsión de FEDEA.

Entre las reformas necesarias para dar viabilidad al sistema sanitario, ninguno de los ponentes se mostró partidario del copago como «solución» a los problemas. José Ignacio Conde-Ruíz descartó este sistema como mecanismo de recaudación y sólo lo defendió como «un mecanismo de contención de la sobreutilización de los servicios», que debería excluir a las personas de renta baja, precisó.

Por su parte, Manuel Lamela sostuvo que «el copago no es la solución», ya que, en su opinión, «si es bajo, ni disuade ni recauda, y si es alto, es discriminatorio». Sí abogó, en cambio, el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por centralizar servicios, adelgazar estructuras administrativas, reforzar la Atención Primaria o revisar la cartera de servicios «con criterios realistas, sabiendo qué es lo básico». Las decisiones, en cualquier caso, se deben acometer desde el consenso porque, según Lamela, «17 sistemas regionales no tienen salida y no son viables».

El expolítico madrileño también destacó que las oficinas de farmacias «no son ajenas a la situación, sino que forman parte del tejido sanitario». En su opinión, las farmacias españolas están «infrautilizadas» y tienen que adaptarse «para ofrecer más servicios y ser capaces de ayudar al sistema como agentes activos» en el terreno de la atención primaria o la dependencia, apuntó.

La solución para hacer viable el sistema sanitario, sin embargo, no radica en bajar costes, salarios o reducir el gasto farmacéutico, «que es posible que haya llegado al límite», advirtió José Ignacio Conde-Ruíz, sino en «utilizar mejor los recursos y gestionar mejorar la demanda», señaló. Para ello, Mulas instó a introducir nuevos mecanismos de control y seguimiento del gasto «para sancionar o premiar la gestión tanto de hospitales como comunidades autónomas».

Los expertos también concluyeron que es necesario que las decisiones del Consejo Interterritorial del SNS sean vinculantes y se encaminen a ofrecer un «marco estable y homogéneo entre comunidades autónomas», según Álvaro Hidalgo. Este experto en economía de la salud defendió el uso de mecanismos de riesgo compartido o la incorporación de criterios de evaluación económica «para financiar sólo la tecnología de calidad, segura, eficiente y en todas las autonomías».

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