La consejera de Salud, María Jesús Montero, destacó que el nuevo Decreto-Ley es una apuesta clara por la «responsabilidad» y que permite seguir avanzando en las políticas de uso racional del medicamento y «abrir caminos a campos de la eficiencia». Señaló, asismismo, que la aprobación de esta norma se enmarca en el «esfuerzo responsable que Andalucía está realizando, junto con el Gobierno de España, para garantizar la estabilidad fiscal».
La nueva norma establece la selección por convocatoria pública de los medicamentos que se va a entregar en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo. Con esta medida se pretende aprovechar la economía de escala que supone adquirir medicamentos para ocho millones de usuarios y conseguir bonificaciones por parte de la industria farmacéutica que repercutan en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este proceso de selección estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. En principio, se va a comenzar por tres de los subgrupos terapéuticos más consumidos de los 400 existentes. En concreto, por los protectores gástricos (que suponen una facturación anual de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones) y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos, disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). Las estimaciones apuntan a que la convocatoria pública podrá comenzar su tramitación el mes próximo.
El Decreto incluye también la creación de un Fondo de Ayudas para el mantenimiento de las farmacias de pequeños núcleos poblaciones. Concretamente, la Consejería de Salud destinará a este Fondo el 10% de los beneficios que se obtengan de la aplicación de la norma.
Por otro lado, la Consejería de Salud va a extender la factura informativa, que actualmente funciona en 34 hospitales, a las oficinas de farmacia. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el sistema sanitario público de Andalucía.