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FEFAC presenta al Departament de Salut un decálogo para una mejor contribución de la oficina de farmacia a la salud de los ciudadanos

La Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), consciente de que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y de sumar todos los recursos disponibles para ponerlos al alcance de las necesidades de salud de las personas, ha presentado al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya un decálogo con medidas que faciliten la colaboración desde el ámbito de la farmacia comunitaria.

FEFAC se basa en el hecho de que Cataluña dispone de una red de oficinas de farmacia, profesional, accesible, capilar e interconectada, formada por 3.236 farmacias distribuidas por todo el territorio, que consigue que el 99% de la población tenga una farmacia en su municipio, de manera que los farmacéuticos y las farmacéuticas son, en muchos casos y en muchos lugares, los profesionales sanitarios más cercanos a la ciudadanía y, en muchas ocasiones, el primer o último punto de contacto con el Sistema de Salud.

Decálogo para la mejora de la contribución de la farmacia comunitaria a la salud de la población
FEFAC plantea el siguiente decálogo de propuestas, con el objetivo final de contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos:

  1. La farmacia, un recurso para la salud pública. Es necesario avanzar hacia una mayor integración de la farmacia en el sistema sanitario. La salud pública y la Atención Primaria son los ámbitos esenciales. Por sus características, la oficina de farmacia debe continuar desarrollando, de forma coordinada con ambas, un papel activo en la detección de problemas de salud pública (farmacias centinela), participar en cribados, desarrollar campañas de prevención y promoción de la salud, participar en el seguimiento epidemiológico o colaborar en la mejora de coberturas de vacunación, objetivo clave en las circunstancias actuales.
  2. Mejora de la accesibilidad a los medicamentos. La accesibilidad es uno de los aspectos clave para el progreso de los sistemas de salud, tal y como determinan las directrices de la Unión Europea. Esto incluye tanto la accesibilidad en sí misma como la dispensación con todas las garantías de todos los medicamentos prescritos a los ciudadanos. En este sentido, se requieren vías de colaboración entre la farmacia hospitalaria y comunitaria, tal como se han desarrollado durante la crisis de la COVID-19, para mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos hospitalarios de dispensación ambulatoria, a fin de evitar en lo posible desplazamientos y costes ineficientes, protocolizando los requisitos de dispensación y garantizando la custodia y control del medicamento y el seguimiento del paciente por el farmacéutico comunitario, en coordinación con la farmacia hospitalaria.
  3. Adherencia a los tratamientos. Es necesario contar con la oficina de farmacia como establecimiento sanitario de referencia en relación con el uso de medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico y el control de enfermos crónicos. Esto es esencial para mejorar la adherencia a los tratamientos y para conseguir mejores resultados de salud, evitar la utilización innecesaria de recursos de urgencia y reducir los ingresos o reingresos hospitalarios. También resulta inaplazable el acceso del farmacéutico comunitario, previa autorización del paciente, al plan de medicación global, para poder llevar a cabo una atención farmacéutica con todas las garantías de seguridad.
  4. Impulso de nuevos modelos de atención. La crisis sanitaria ha hecho evidente la necesidad de desarrollar nuevas modalidades de atención domiciliaria desde la farmacia comunitaria, especialmente en el caso de personas de riesgo, mayores, frágiles, con discapacidad y pacientes crónicos vulnerables. En el ámbito de la farmacia es preciso articular un marco normativo que permita desarrollar la atención farmacéutica domiciliaria a este grupo de pacientes. Para ello, conviene aprovechar las potencialidades de las TIC, garantizando la prestación de servicios farmacéuticos desde la farmacia de proximidad, en base a la garantía de libertad de elección del paciente, privacidad, profesionalidad, servicio y experiencia propias del farmacéutico comunitario.
  5. Coordinación e información asistencial y profesional. Debe existir una coordinación fluida entre los diferentes recursos asistenciales del sistema y la farmacia comunitaria: el farmacéutico comunitario debe poder interactuar de forma ágil y eficiente con el resto de recursos y profesionales sanitarios, muy especialmente de atención primaria. Los sistemas de comunicación existentes y de información disponibles en el marco de la receta electrónica y la carpeta La Meva Salut deben ser potenciados y promoverse para explotar todas sus posibilidades, así como promover la aportación de información recogida en la farmacia comunitaria en las mismas. Igualmente, hay que aprovechar las potencialidades del farmacéutico como agente de salud para ofrecer información actualizada y veraz a la ciudadanía, evitar desplazamientos innecesarios a los CAP y protocolizar con la Administración, las sociedades científicas y organizaciones profesionales, los síntomas menores que pueden tener la farmacia como punto de respuesta adecuado. Por tanto, en base al compromiso compartido, la colaboración, la comunicación eficiente y aprovechando las competencias y características de cada ámbito profesional, deben investigarse fórmulas de mejora que faciliten la obtención de las máximas sinergias en beneficio de los pacientes.
  6. Digitalización. La introducción de la receta electrónica supuso un paso fundamental en la digitalización de la farmacia y del conjunto del sistema sanitario. Ahora hay que desarrollar todas sus potencialidades y conseguir que la interconexión en red de las farmacias permita aportar al paciente más valor y servicios y al sistema sanitario una mejor comunicación entre todos los profesionales y con el conjunto del sistema sanitario, con el objetivo de ofrecer la mejor atención a la ciudadanía.
    En este sentido, la farmacia ha de integrarse plenamente en la estructura digital del sistema de salud, y, con seguridad y respeto a los datos del paciente, aprovechar las capacidades que las TIC ofrecen para el manejo de la información y formación conjunta de los profesionales del mismo ámbito de acción frente al paciente, y simultáneamente poniendo en valor un modelo de organización y distribución física de las farmacias en el territorio, que con la pandemia se ha mostrado como el recurso sanitario fiable más accesible y próximo. La presencia física de la farmacia como punto de ayuda sanitaria es clave.
  7. El medicamento, un bien estratégico. Hay que concebir el medicamento como un bien estratégico al servicio de la salud de las personas, que ha de estar al alcance de todo el que lo necesite. La crisis provocada por la COVID-19 nos ha hecho ver la necesidad de no depender exclusivamente de determinados mercados para abastecer a la población de los recursos esenciales, como los medicamentos. En este sentido, hay que revertir las políticas de contención tan centradas en el gasto sanitario focalizadas en la reducción de los precios de los medicamentos, ya que esto propicia la deslocalización de la producción y la dependencia externa.
  8. Sostenibilidad económica. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de dotar, por parte de los Gobiernos, de más recursos a los sistemas sanitarios. En este sentido, los fondos destinados a financiar los medicamentos que requieren los pacientes deben de dejar de verse como un gasto que hay que recortar y considerarse una inversión en salud. El planteamiento de las políticas de salud respecto a la prevención y la promoción de hábitos saludables no está reñido con la consideración del medicamento como un bien básico para la mejora del estado de salud de las personas. Los recursos destinados al uso de medicamentos de una forma racional y con un papel más activo del farmacéutico en la supervisión de los tratamientos y el seguimiento de los pacientes son claramente una inversión en salud. En este contexto de equilibrio en la utilización de los recursos públicos, hay que garantizar la sostenibilidad económica de la red de oficinas de farmacia, como servicio asistencial básico, potenciando su actividad, especialmente en ámbitos aislados, con escasos medios o rurales, en los que la farmacia es, en muchas ocasiones, el único establecimiento sanitario y asistencial que existe, y donde su viabilidad está comprometida.
  9. Valor social. El papel de la farmacia en la comunidad no es única y exclusivamente sanitario. Su aportación sobrepasa este rol, ya que muchas de sus funciones tienen un carácter social. Es necesario potenciar y reconocer esta labor social de la farmacia, impulsando y ampliando los programas de detección de situaciones de vulnerabilidad, de prevención de maltrato y violencia de género, de detección de fraude en personas frágiles, avisos de riesgo de desatención… Avanzar hacia una mayor coordinación de la farmacia en los recursos y redes de atención social es clave para conseguir una mejor respuesta, como sociedad, a las necesidades de las personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
  10. Integración sanitaria y social. Factores como el envejecimiento de la población o la cronicidad hacen especialmente necesaria una mayor integración y coordinación entre los distintos estamentos de atención sanitaria y atención social. La oficina de farmacia debe tener un papel activo en la atención y prestación farmacéutica a las personas con dependencia y con necesidades sanitarias y sociales complejas, tanto las que residen en su domicilio o en residencias, centros sociales y socio sanitarios. Es necesario articular nuevos modelos de atención y prestación farmacéutica a estos ciudadanos, basados en la proximidad y la profesionalidad, y orientados a la mejora en salud.
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