Legislación

Desde hace varios años la Administración ha venido aclarando a través de circulares y respuestas a consultas el alcance de los requisitos establecidos para la aplicación de las ventajas tributarias previstas en la transmisión gratuita de empresas familiares y negocios profesionales. Como la propia Administración recuerda, las comunidades autónomas tienen competencias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por lo que habrá de tenerse en cuenta, en cada caso, la concreta evolución e interpretación que se dé en la propia comunidad donde se produzca el hecho imponible, puesto que los comentarios vertidos en este artículo aluden a la normativa general del impuesto, y a la interpretación de la Dirección General de Tributos.

Al acudir a una entidad financiera en busca de dinero con el que poder afrontar una inversión vamos a encontrar varias opciones con las que «complementar el crédito» personal ante el banco, nuestra credibilidad y capacidad de generar confianza respecto a que afrontaremos con éxito la devolución del préstamo, y el abono de los intereses.

En la financiación de las transacciones atendidas en los últimos meses se han venido consolidando dos conclusiones que ahora están plenamente instaladas, enmarcando toda compra de oficina de farmacia en la que deba intervenir la financiación ajena.

Tanto la nueva regulación francesa de las sociedades de ejercicio profesional, como la propuesta normativa de colegios y servicios profesionales española, consagran y subrayan el carácter del modelo regulado con reserva de la propiedad a farmacéuticos, y descartan la irrupción de cadenas comerciales en el sector.

Compro y vendo luego la mía; transmito la mía, y ya adquiriré otra después; lo mejor es coordinar ambas operaciones y firmar las escrituras de ambas operaciones el mismo día... y así hasta un número infinito de combinaciones.
Ana Patricia Moya Rueda1, Fernando del Río Highsmith2, Noelia González Narganes3, Soraya López Martín3 05 Abril 2013 Deja el primer comentario!
Motivo de interés

Aunque la receta médica es uno de los documentos que con mayor frecuencia se emiten en la clínica privada, es muy habitual que no se cumplimente correctamente.

El 21 de enero de 2011 entró en vigor el R.D. 1.718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación1. Entre otras medidas, vino a regular la receta privada tanto en soporte papel como en soporte electrónico. En su disposición transitoria segunda, que se refiere al plazo de adaptación de recetas médicas, dice: «A partir de la entrada en vigor de este real decreto, durante un plazo de 24 meses podrán coexistir las recetas médicas que se ajusten a lo que indica este Real Decreto con las vigentes en el momento de su publicación. Una vez transcurrido el citado periodo, únicamente tendrán validez las recetas médicas que se adapten a lo dispuesto en esta norma».

 

En nuestro anterior artículo (El Farmacéutico n.º 481) comentamos diversos aspectos relacionados con el contrato de alquiler cuando a esta relación se añade la posibilidad para el arrendatario de adquirir ese mismo local por compraventa, y lo comparamos con algunas figuras jurídicas similares. En el presente, terminaremos de comentar algunas peculiaridades relativas al Derecho Civil y revisaremos el tratamiento fiscal de las operaciones contenidas en estos contratos.
Otros derechos relativos a la adquisición

Este tipo de contratos, que presenta varias modalidades, se ha venido incorporando con una frecuencia creciente a las transmisiones de oficina de farmacia, por lo que parece interesante hacer una breve exposición de varios aspectos, tanto desde el punto de vista del derecho civil como en el campo tributario, destacables en estos acuerdos, para que el lector pueda tener una visión general de los mismos.

Mediante Orden de 8 de abril de 2010, publicada en el BOJA de 26 de abril de 2010, se inició el concurso para la adjudicación de 312 oficinas de farmacia en Andalucía. Este concurso se estructuraba en tres fases:
Oscar L. del Pozo Poveda 31 Mayo 2012 Deja el primer comentario!
De todas las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, la menos comentada con anterioridad a su publicación en el BOE (24 de abril de 2012) ha sido la actualización de la escala de deducciones vigente hasta el momento (la del RDL 4/2010) y conocida con el nombre de la primera normativa que la instauró, el RDL 5/2000.
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