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Ética

¿Podrán las medidas contra el gasto farmacéutico hipotecar la ética?

  • 21 Septiembre 2011
  • Xavier Prat Borrell
Hace ya mucho tiempo que me hice esta misma pregunta, pero quizá consideraba que no era el momento propicio para reflejarlo por escrito y en un medio que llegara a toda la geografía española. Me limitaba a comentarlo con cierta preocupación. Las medidas no ya vigentes, sino las que puedan proponerse en un futuro, me han convencido de que debe plasmarse en tinta y alertar de que si se sigue recortando más el gasto farmacéutico puede conllevar a hipotecar algún código deontológico. Soy consciente de lo que ello puede significar, pero no retrocedo en tal afirmación. Sin embargo, como el principio de que la moral profesional debe suponerse y en general estoy seguro de que se profesa, es necesario comentar y matizar mi rotunda afirmación referente a la posible hipoteca de los principios éticos.

Escuché hace pocos días a un eminente filósofo decir que «la economía puede prevalecer sobre los valores». Ello ocurre con significancia estadística cuando las circunstancias se fuerzan y algunos no dudan en practicar la sustitución de la moral profesional por el beneficio material, subsistencia me dirán algunos, pero en un determinado número de casos prevalece sin duda alguna la moral del profesional (que no es lo mismo que la moral profesional), la que él se ha adaptado para autojustificarse, abandonando consciente o inconscientemente la que le obliga la profesión que libremente ha escogido ejercer.

Es justo contemplar en esta encrucijada de valores toda la cadena del medicamento desde la fabricación a la dispensación, pasando por la distribución, y afirmar que a pesar de todo cada uno de los eslabones ha estado implicado y comprometido en el sentido amplio de la responsabilidad. Sin duda, la Administración ha descansado en las autoinspecciones que desde hace muchos años han presidido la fabricación de fármacos, dado que realizarlas con la eficacia y la prontitud que requeriría una seguridad a toda prueba se le hacía prácticamente imposible. La Administración ha limitado sus controles, sea en el ámbito estatal o en el autonómico, hasta donde la razonable coherencia le ha permitido. Además, los códigos deontológicos de la profesión farmacéutica en sus diversas especializaciones y los de las patronales del medicamento han ejercido un muy estimable papel que, sin duda, las administraciones también han sabido reconocer y aprovechar.

Nuestro entorno y la lógica sanitaria

El Sistema Nacional de Salud es una conquista social indiscutible para el bienestar y el progreso. Desde las comunidades autónomas se gestiona el 80% de las prestaciones sociales. El déficit acumulado en estas comunidades hace más de cinco años hace pensar que no todo es debido a la crisis. Ya en aquel entonces y mucho antes se procedía a recortar el gasto farmacéutico a costa de reducir el precio de los medicamentos. Si comparamos estos precios con los de los países de nuestro entorno podemos afirmar dos cosas: la primera, que son de los más bajos de Europa y sería deseable aumentar los presupuestos sanitarios al menos hasta los niveles de la media europea para frenar más tentaciones y no buscar solamente en el medicamento la vía de ahorro; la segunda y evidente es la repetida y criticada exportación paralela que, aunque lícita con condicionantes muy claros, se ha venido ejerciendo por canales no siempre adecuados, perjudicando en muchos casos la llegada de la dispensación del medicamento al usuario. La Administración lo ha contemplado con evidente pasividad hasta hace muy poco, en que ha establecido algún requisito.

La exclusión de determinadas especialidades farmacéuticas del régimen de la Seguridad Social nos conduce a diferentes lecturas. Una de ellas es que no siempre priva la lógica sanitaria por parte de la Administración. Uno de los ejemplos que puede ilustrar lo dicho radica en la decisión adoptada con la denominada «píldora del día después»; además de haber creado en algunos farmacéuticos una falta de libertad de conciencia, representa, desde el punto de vista sanitario, traspasar inconscientemente a la oficina de farmacia una responsabilidad que se ejercía hasta entonces con más o menos rigor protocolario, sin darle a la oficina de farmacia las herramientas para garantizar un mínimo control de la población usuaria y una asistencia farmacéutica adecuada. En Cataluña se elaboró un protocolo en el que intervino muy activamente el Consell de Col•legis Farmacèutics de Catalunya, pero fue definitivamente rechazado en el Consejo Interterritorial. Ello representa una presunta vulnerabilidad de la ética y el derecho sanitario. Otra lectura que puede hacerse de la exclusión de medicamentos, como consecuencia de fijar los precios de referencia y precios mínimos, es la cuestionable legalidad de dar preferencia e incluso incentivar la prescripción de determinados genéricos frente a otros genéricos (en algunas comunidades) y a medicamentos con marca. Estos últimos disponen, aunque la patente haya expirado, de autorización de comercialización por la Agencia del Medicamento y la financiación de los mismos por los sistemas de salud continúa vigente y, por lo tanto, tienen el mismo derecho de prescripción y financiación que el genérico correspondiente y con más razón cuando la industria se afanó, sin más remedio, a ajustar sus precios a los requeridos para poder continuar siendo financiados. Los códigos éticos de la industria y el derecho mercantil y sanitario tienen que pronunciarse al respecto. Desde muchos puntos de vista determinadas modificaciones de la legislación, debido a ciertos antojos o a la imposibilidad de poder controlar necesidades del momento, es sinónimo de crisis ética. El colapso financiero en la Sanidad puede conllevar, si no se vigila, a bordear en muchos casos los límites, algunas veces ya muy difuminados, de la deontología.

No me perdonaría olvidar un aspecto que es muy delicado pero que por el bien de la honradez no podemos obviar. La bajada de los precios de venta de los medicamentos no representa para la industria un acordeón que pueda cerrarse hasta donde se quiera. Cuando el precio es razonablemente justo la autoinspección de que hablábamos funciona también de manera muy razonable. Ahora bien, cuando el aire escasea, para que el acordeón emita la música que se le exige se corre el peligro de que alguien se sienta tentado por soluciones que comprometan la calidad. La Administración debe considerarlo, pues es su deber primordial velar para que el medicamento llegue al enfermo con las máximas garantías de calidad, seguridad y eficacia.

Algunos ejemplos

Para finalizar, considero ilustrativo mencionar algunos ejemplos de alertas que en circunstancias de recortes económicos en la prestación farmacéutica pueden amenazar, y de hecho ya lo hacen, la garantía del cumplimiento de los códigos deontológicos. Se detecta la venta de medicamentos de dudosa eficacia por canales no autorizados e incluso la venta de especialidades farmacéuticas en establecimientos ajenos a las oficinas de farmacia y en algún caso con alguna de ellas implicada. Se han denunciado en algunas oficinas de farmacia servicios no autorizados (depilaciones, quiromasajes, entre otros). Llama la atención que en ciertas oficinas de farmacia se niegan a dispensar, incluso en servicios de urgencia, determinados medicamentos de precio elevado por las repercusiones fiscales que según algún Real Decreto consideran que les pueden afectar (este caso no es consecuencia directa evidentemente de la bajada de precios y aunque sea un error de interpretación económica del farmacéutico titular, lo que sí está claro es que se hipoteca desde otro punto de vista la moral profesional). Se llegan a ofrecer incentivos en función del número de recetas, dirigismo, competencia ilícita, fidelidad del usuario mediante ardides a todas luces inadmisibles e ilegales, dado el modelo de reglamentación que rige la distribución de oficinas de farmacia, constituyendo un paquete de irregularidades preocupantes, tanto desde el punto de vista ético como deontológico, detectadas desde los colegios profesionales. También se ha constatado que determinados titulares de oficinas de farmacia están más preocupados por la rentabilidad de su servicio al máximo número posible de residencias geriátricas que por la atención que merecen los usuarios de sus establecimientos sanitarios, que son el pilar fundamental de su profesión (un ejemplo de irresponsabilidad y estafa podría ser la detección de recetas prescritas a este colectivo geriátrico residencial con «cupones precinto» de especialidades no coincidentes). Debido probablemente a la falta de rentabilidad de los servicios de urgencia se observa un creciente incumplimiento (afortunadamente no significativo) sin haber cursado la debida información a los colegios profesionales, que son los que sustituyen a la Administración para que el servicio se ejerza con la máxima garantía para el enfermo. La falta de presencia farmacéutica es una realidad en algunos casos y los colegios deben velar y velan por su solución.

Llamada

Deseo hacer una llamada a todos los colegios de farmacéuticos de España para que dispongan de comisiones de Deontología, delegadas de sus Juntas de Gobierno, a fin de que salvaguarden la ética y la moral (en mayúsculas), para que jamás se vean hipotecadas ni cuando los aires del sacrificio económico soplen con cierta intensidad. En el Colegio de Barcelona estamos orgullosos de que sea así y aunque nos queda muchísimo trabajo por hacer, estamos en una senda que consideramos que no debe jamás abandonarse.

Si las responsabilidades de los colegios profesionales fueran en algún momento cuestionadas, solamente por la labor de defensa de la ética profesional a través de sus comisiones de deontología, los Colegios ya tendrían razón de existir.

Algunos se preocupan por no perder el estado del bienestar, mientras otros lo continúan buscando.

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Xavier Prat Borrell

Responsable de la Comisión de Deontología del COF de Barcelona

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