El ruido mediático se ha llenado estos días de farmacia, un ruido en el que ha imperado también el debate tendencioso y partidista y en el que los medios no han dudado en utilizar la desorientación, la desinformación y en muchos casos la desesperación de los farmacéuticos para llenar páginas de periódicos y los debates con tertulianos profanos que no han dudado en tomar el nombre de la farmacia en vano.
Esta página no puede ni debe ser un altavoz que aumente ese ruido, esta página pretende ser un reflejo veraz y ajustado de la realidad que vive el sector y presentar con claridad el resultado del análisis objetivo de los motivos que han causado esta situación. Hay indicios suficientes –incluido el cese de la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad– para asegurar que las grandes decisiones tomadas en la política farmacéutica española no han sido un dechado de virtudes. Ahí va una muestra objetiva del desaguisado:
1. Las pifias en la redacción del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
2. El nacimiento abortado de una nueva escala de márgenes, que pretendía corregir levemente los márgenes de las farmacias más débiles económicamente.
3. La implantación de un nuevo copago sin proveer de información suficiente al ciudadano, lo que ha creado una situación de gran confusión y ha dificultado que éste pueda manifestar su disconformidad respecto a su catalogación.
4. La falta de definición de los trámites administrativos a los que el ciudadano debe recurrir para subsanar posibles errores de catalogación, que los hay.
5. La fijación de topes máximos de aportación de los pensionistas sin prever el mecanismo para que sean efectivos en el momento que se realiza el pago, y en el caso de que no sea así, situación que me atrevo a calificar de injusta socialmente, el procedimiento de retorno de la cantidad pagada en exceso.
6. El absoluto menosprecio por los diferentes modelos de receta electrónica que existen en el Estado y el desconocimiento del impacto que una medida así significa en los diferentes modelos existentes, cuando el calendario de implantación es excesivamente corto, por no tildarlo de temerario.
7. La implantación de un nuevo sistema estatal de subasta a la baja de precios de medicamentos financiados que puede ocasionar, de hecho ya está ocasionando, dificultades en el normal suministro de medicamentos.
8. La desfinanciación de grupos de medicamentos sin un análisis con criterios sanitarios de los posibles efectos negativos en determinadas patologías. Todo ello aderezado con declaraciones confusas de la ministra, trivializando la eficacia de los medicamentos y lanzando insinuaciones sobre un supuesto despilfarro de medicamentos.
Hace años que la suerte nos es esquiva, no recuerdo responsables de la política farmacéutica que impulsen estrategias políticas en las que se advierta una voluntad de mejora de lo que realmente importa y que vayan más allá del recorte de la factura. Políticos que propongan políticas para conseguir la correcta utilización de los medicamentos que se precisen, que construyan un modelo de valoración de estas políticas basado en resultados de salud y el impulso de cambios en los sectores implicados para que se alineen en esa dirección. Continuaremos esperando.