Detrás del espejo
Artículos de opinión a cargo de Juan Esteva de Sagrera, decano de la Facultad de Farmacia de Barcelona
¿Puede durar el actual sistema español de ordenación farmacéutica? En mi opinión sí, siempre que sea eficiente, y lo es a pesar de sus disfunciones, que las tiene, y sobre todo siempre que sea rentable para la Administración y para los farmacéuticos. No cabe duda de que para la Administración lo es: como principal cliente de las farmacias y con el Boletín Oficial del Estado en la mano, la Administración fija los límites y establece los beneficios de las farmacias que le resulten convenientes según los presupuestos de que dispone y en función de la situación económica del país. Dispone de un servicio de calidad las 24 horas del día en todas las poblaciones, y desempeñado por titulados altamente cualificados sin que deba hacer inversión alguna; además, tiene la llave para establecer las condiciones de la relación contractual que mantiene con los farmacéuticos. Nada indica, en consecuencia, que sea la Administración la que vaya a romper un modelo del que sólo saca beneficios.
Paradójicamente, podrían ser los propios farmacéuticos los que dijesen basta y exigiesen la liberalización del sector. Me explicaré. El actual sistema supone importantes ventajas para los farmacéuticos establecidos que convierten en un buen negocio tanto la apertura como la adquisición de una farmacia. Sin embargo, la cuenta de resultados de las farmacias se está deteriorando, y en el corto plazo lo hará todavía más. Nada cambiará, en mi opinión, mientras las farmacias sean rentables. Pero si un día muchas de ellas dejan de serlo y si la salida para la mayoría de pequeñas farmacias es formar parte de una cadena y traspasar la farmacia a la cadena en el momento de la jubilación, entonces y sólo entonces se producirá el cambio. Es decir, se producirá cuando un buen número de pequeñas y medianas farmacias entren en pérdidas y, en consecuencia, disminuyan hasta prácticamente desaparecer los expedientes de apertura y traspaso que tramitan los colegios de farmacéuticos. Bien harán las partes interesadas, Administración, usuarios, colegios y farmacéuticos particulares, en arbitrar las medidas que permitan que las farmacias sigan prestando un servicio de calidad a los usuarios, que sea rentable para la Administración pero también para los farmacéuticos.
