A veces me preguntan sobre el futuro del modelo español de ordenación farmacéutica, en concreto sobre las posibilidades de que se mantenga la limitación en función de la población y las distancias, o sobre el hecho de que sólo los farmacéuticos puedan ser propietarios de las oficinas y que lo sean de sólo una, un modelo que en estos momentos de liberalización global es excepcional y que está siendo modificado en algunos de los países donde estaba implantado. Me es difícil responder a estas preguntas, porque el mundo está cambiando tanto que ya es suficientemente difícil interpretar el pasado y el presente como para sentirse con fuerzas para vaticinar el futuro. Es obvio que las tendencias imperantes no van precisamente en el mismo sentido que el sistema español, y para ello basta con dar un vistazo a lo que sucede en el exterior, incluidos los países europeos más cercanos y similares a España. Eso no quiere decir que el modelo no pueda continuar vigente durante un periodo que es imposible e inútil predecir, pues aunque sea un sistema singular y excepcional está sólidamente implantado en España, y con el beneplácito de los farmacéuticos, usuarios, los colegios de farmacéuticos y la Administración, por lo cual no se vislumbra ninguna urgencia, salvo que ésta proceda del exterior.
¿Puede durar el actual sistema español de ordenación farmacéutica? En mi opinión sí, siempre que sea eficiente, y lo es a pesar de sus disfunciones, que las tiene, y sobre todo siempre que sea rentable para la Administración y para los farmacéuticos. No cabe duda de que para la Administración lo es: como principal cliente de las farmacias y con el Boletín Oficial del Estado en la mano, la Administración fija los límites y establece los beneficios de las farmacias que le resulten convenientes según los presupuestos de que dispone y en función de la situación económica del país. Dispone de un servicio de calidad las 24 horas del día en todas las poblaciones, y desempeñado por titulados altamente cualificados sin que deba hacer inversión alguna; además, tiene la llave para establecer las condiciones de la relación contractual que mantiene con los farmacéuticos. Nada indica, en consecuencia, que sea la Administración la que vaya a romper un modelo del que sólo saca beneficios.
Paradójicamente, podrían ser los propios farmacéuticos los que dijesen basta y exigiesen la liberalización del sector. Me explicaré. El actual sistema supone importantes ventajas para los farmacéuticos establecidos que convierten en un buen negocio tanto la apertura como la adquisición de una farmacia. Sin embargo, la cuenta de resultados de las farmacias se está deteriorando, y en el corto plazo lo hará todavía más. Nada cambiará, en mi opinión, mientras las farmacias sean rentables. Pero si un día muchas de ellas dejan de serlo y si la salida para la mayoría de pequeñas farmacias es formar parte de una cadena y traspasar la farmacia a la cadena en el momento de la jubilación, entonces y sólo entonces se producirá el cambio. Es decir, se producirá cuando un buen número de pequeñas y medianas farmacias entren en pérdidas y, en consecuencia, disminuyan hasta prácticamente desaparecer los expedientes de apertura y traspaso que tramitan los colegios de farmacéuticos. Bien harán las partes interesadas, Administración, usuarios, colegios y farmacéuticos particulares, en arbitrar las medidas que permitan que las farmacias sigan prestando un servicio de calidad a los usuarios, que sea rentable para la Administración pero también para los farmacéuticos.